A partir del próximo 7 de agosto, Colombia no solo tendrá un cambio de presidente, sino la posibilidad de iniciar una nueva etapa en la relación entre el Estado y la empresa privada. La llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, acompañado en la Vicepresidencia por José Manuel Restrepo, ha generado una ola de optimismo entre comerciantes, industriales, inversionistas y emprendedores que consideran agotado el modelo de confrontación que caracterizó buena parte de los últimos cuatro años.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, numerosos empresarios sintieron que fueron estimactizados enfrentado cuatro años de “insultos y desprecios y reclaman que el próximo Gobierno restablezca el respeto por la empresa, la Constitución y la libertad económica.
El malestar empresarial no fue solamente discursivo. Los comerciantes enfrentaron reformas tributarias, incertidumbre regulatoria, mayores costos laborales, inseguridad, bloqueos, débil crecimiento del consumo y cambios frecuentes en las reglas del juego. Los incrementos del salario mínimo muy superiores a la inflación esperada aunque mejorar los ingresos de los trabajadores es un objetivo social legítimo, cuando los salarios y los costos no están acompañados por aumentos equivalentes de productividad, las empresas reaccionan reduciendo contrataciones, aplazando expansiones, reemplazando empleos formales o aceptando menores márgenes.
En el comercio, donde la nómina, los arriendos, la energía, la seguridad y los inventarios absorben buena parte de los ingresos, este choque se tradujo en recortes de personal, cierre de establecimientos y menores utilidades.
Durante la campaña, De la Espriella y Restrepo construyeron su propuesta económica alrededor de un mensaje opuesto: recuperar la confianza, mejorar el clima de negocios, reducir el tamaño del Estado, simplificar regulaciones, disminuir impuestos y devolverle protagonismo a la inversión privada. La presencia de José Manuel Restrepo, exministro de Comercio y de Hacienda, fue interpretada como una señal de mayor manejo técnico y de cercanía con los sectores productivos.
Entre las propuestas conocidas están la reducción de la carga tributaria empresarial, la eliminación o revisión de impuestos que afectan las transacciones y el patrimonio, un ajuste del gasto burocrático y una política exterior más orientada a atraer capital y abrir mercados. El presidente electo también ha planteado poner la diplomacia al servicio del comercio, mientras Restrepo ha adelantado acercamientos internacionales para promover inversión.
Las expectativas son favorables, pero no deben confundirse con resultados asegurados. Reducir impuestos y, al mismo tiempo, cerrar el déficit fiscal, aumentar la inversión y acelerar el crecimiento exigirá una ejecución rigurosa. El nuevo Gobierno recibirá unas finanzas públicas estrechas y un Congreso fragmentado, por lo que deberá escoger prioridades y evitar que la expectativa empresarial se convierta rápidamente en frustración. Para el comercio, la primera gran señal será una reforma tributaria que premie la formalidad, reduzca cargas improductivas y otorgue estabilidad durante los cuatro años. Más importante que anunciar menos impuestos será garantizar que las reglas no cambien cada año y que el empresario pueda proyectar inversiones, aperturas y contratación.
Una de las medidas que el sector espera recuperar son los días sin IVA. Aunque fueron criticados por algunos analistas, sus resultados sobre las ventas, el tráfico en centros comerciales y la facturación electrónica fueron evidentes. En la segunda jornada de 2021, las ventas habían llegado a $7,99 billones antes de finalizar el día, superando ampliamente las previsiones, mientras las ventas digitales alcanzaron $444.854 millones en más de un millón de transacciones. Los textiles, las prendas de vestir y el calzado estuvieron entre las categorías de mejor desempeño; las ventas de prendas aumentaron 41,7 % frente a la jornada anterior analizada por la DIAN. Fenalco calificó aquella fecha como una “fiesta nacional” y destacó el crecimiento del tráfico en los centros comerciales.
La última jornada de 2021 también mostró que los productos más demandados fueron prendas de vestir, calzado, artículos de cuero, computadores y electrodomésticos, mientras 256 centros comerciales reportaron incrementos significativos de visitantes.
El nuevo Gobierno debería recuperar esta herramienta, pero con una versión mejorada: dos o tres jornadas anuales, factura electrónica obligatoria, vigilancia previa de precios, participación amplia del comercio electrónico nacional y límites que eviten concentrar el beneficio en los hogares de mayores ingresos. Más que una renuncia tributaria, puede ser un instrumento de formalización, rotación de inventarios y reactivación del consumo.
Otro asunto que requiere revisión inmediata es el arancel del 40 % aplicado desde 2023 a las confecciones de los capítulos 61 y 62 provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes. La medida fue establecida por el Decreto 2598 de 2022 con el propósito de proteger la industria nacional. Sin embargo, las cifras examinadas muestran un resultado incompleto. Las importaciones de estos dos capítulos pasaron de US$745,8 millones en 2022 a US$549,7 millones en 2023, una caída del 26,3 %. El efecto inicial fue fuerte, pero no permanente: en 2024 las compras externas crecieron 5 % y en 2025 aumentaron 17,7 %, hasta US$679,8 millones. En apenas dos años se recuperaron cerca de dos terceras partes de la caída inicial.
Lo más preocupante es que la reducción de importaciones no se tradujo en una expansión equivalente de la confección colombiana. El arancel encareció el comercio formal, pudo elevar el recaudo por cada operación y creó mayores incentivos para la subfacturación, la triangulación y el contrabando, pero no solucionó los problemas de productividad, financiación, tecnología, costos laborales y escala que enfrenta la industria.
El nuevo Gobierno no debería desmontarlo abruptamente, pero tampoco mantenerlo indefinidamente sin exigir resultados. La recomendación es sustituir el gravamen general por una protección selectiva: tarifas diferenciadas según la capacidad de producción nacional, medidas antidumping para categorías en las que se demuestre competencia desleal y compromisos verificables de inversión, empleo y exportaciones para las empresas protegidas.
La mayor incoherencia está en las plataformas digitales internacionales. Mientras un importador formal de ropa debe pagar aranceles, IVA, bodegaje, nómina y costos de nacionalización, plataformas como Temu, Shein y AliExpress pueden aprovechar el régimen de tráfico postal y envíos urgentes. Actualmente, los paquetes con valor FOB igual o inferior a US$200 no pagan gravamen arancelario, lo cual crea una ventaja frente a las empresas que importan comercialmente. De esta manera, Colombia protege nominalmente a la industria con un arancel del 40 %, pero permite que miles de prendas ingresen individualmente sin una carga comparable. El resultado no es una defensa efectiva del empleo nacional, sino un castigo al comercio formal y un estímulo indirecto a las compras asiáticas.
El nuevo Gobierno debe eliminar esa asimetría. Temu, Shein y las demás plataformas deberían registrarse ante la DIAN, recaudar anticipadamente el IVA y un arancel simplificado, informar el valor real y el origen de la mercancía y responder por garantías, etiquetado, seguridad y propiedad intelectual. También debe controlarse el fraccionamiento de compras mediante la acumulación de paquetes por comprador, dirección, medio de pago y periodo. No se trata de prohibir el comercio electrónico internacional, sino de impedir que una plataforma extranjera compita con privilegios tributarios frente a empresas colombianas que generan empleo, pagan arriendos y sostienen la actividad de centros comerciales y calles comerciales.
Finalmente, Fenalco tendrá una posición relevante en la construcción de la nueva agenda económica.
El gremio decidió respaldar públicamente la candidatura de De la Espriella y Restrepo por considerar que existían coincidencias en asuntos como libertad de empresa, respeto por la propiedad privada, seguridad y recuperación de la confianza. Cabal pidió al nuevo mandatario trabajar de la mano con el sector empresarial en programas sociales, reducción de la pobreza, empleo juvenil y progreso económico. Más que un cheque en blanco, ese respaldo crea una responsabilidad compartida: el Gobierno debe escuchar al comercio, pero Fenalco también tendrá que presentar propuestas medibles y evaluar con independencia los resultados.
Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail “El país llega al 7 de agosto con optimismo, pero también con enormes desafíos. El comercio espera menos impuestos, pero también mayor disciplina fiscal; mejores salarios, acompañados de productividad; protección de la industria, sin privilegios ni ineficiencias; y apertura internacional, pero bajo reglas iguales para todos. Si el nuevo Gobierno logra transformar la confianza en inversión, consumo, seguridad y empleo formal, Colombia podrá iniciar un ciclo de expansión”. “El verdadero cambio no consistirá únicamente en que el Gobierno vuelva a hablar bien de los empresarios, sino en que les permita producir, contratar, importar, exportar y competir con reglas claras y sostenibles” señalo Vargas Brand.
Fuente: Mall & Retail