El Gobierno Nacional abrió un nuevo frente clave de discusión sobre la competitividad del comercio colombiano: la posibilidad de incorporar en la próxima Ley de Ajuste Fiscal medidas tributarias para compras realizadas en plataformas internacionales como Amazon, Shein y Temu. El anuncio fue presentado por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, durante el Congreso Góndola de Fenalco en Cartagena, ante empresarios del sector y con la presencia del vicepresidente José Manuel Restrepo.
O nivelamos la cancha o nivelamos la cancha, afirmó el ministro al comparar las obligaciones de los establecimientos colombianos con el tratamiento que reciben determinadas compras por internet. Su argumento apunta a una diferencia relevante: un comerciante formal debe pagar impuestos, salarios, seguridad social, arrendamientos, servicios y otros costos asociados a su operación, mientras algunas mercancías adquiridas directamente en el exterior pueden ingresar bajo regímenes simplificados. El desafío consiste en establecer si estas diferencias constituyen ventajas tributarias injustificadas y cómo corregirlas sin castigar al consumidor.
La discusión llega en medio de un crecimiento acelerado del comercio electrónico. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, las ventas por este canal alcanzaron $145,4 billones en 2025, con un incremento nominal del 11,1%, mientras el número de transacciones llegó a 684,6 millones, un aumento del 19,9 %.
En conjunto, muestran la escala de una transformación que está modificando los hábitos de compra y la competencia por el presupuesto de los hogares.
La advertencia más visible provino de Arturo Calle. Durante una intervención ante la Cámara de Representantes, el empresario expresó su preocupación por la competencia de Shein y Temu y señaló que su organización había reducido cerca de 2.000 puestos de trabajo, incluidos aproximadamente 1.200 en operaciones industriales de Pereira y Dosquebradas. La magnitud de esta declaración exige atención, aunque sería incorrecto atribuir toda la reducción laboral a esas plataformas sin una evaluación que permita separar sus efectos de los costos de producción, los cambios de demanda y las decisiones empresariales.
Permoda, propietaria de Koaj, también llevó sus inquietudes a Fenalco. La compañía ha pedido revisar los controles aduaneros, la trazabilidad de los paquetes y el tratamiento tributario de las compras transfronterizas. Según una estimación empresarial divulgada por Permoda, Temu podría movilizar alrededor de 2,2 millones de envíos mensuales hacia Colombia. No se trata de una cifra oficial verificada, pero ilustra la preocupación por el volumen de mercancías que llega directamente al consumidor. En el caso de Koaj, tampoco existe una medición pública suficiente para cuantificar pérdidas de ventas o empleos atribuibles exclusivamente a estas aplicaciones.
La exposición de Koaj es particularmente significativa porque participa en moda juvenil, un mercado donde precio, tendencias y velocidad de renovación influyen notablemente en la compra. Una plataforma puede actualizar miles de referencias y promocionarlas de manera personalizada; una empresa con producción y tiendas debe financiar inventarios, nómina, arriendos, vitrinas, logística y desarrollo de colecciones. La competencia exige innovación, pero también reglas claras sobre el valor declarado de los productos, la protección de marcas y el cumplimiento de obligaciones fiscales.
¿Qué podría modificar la Ley de Ajuste Fiscal? Hoy existen condiciones especiales para ciertos envíos postales y urgentes de valor igual o inferior a US$200. La exclusión del gravamen arancelario no debe confundirse con la del IVA: esta última depende de los requisitos legales y de los acuerdos internacionales aplicables. Por eso, no es preciso asegurar que todas las compras por debajo de ese monto estén libres de impuestos.
La reforma podría revisar exenciones, fortalecer mecanismos de declaración y recaudo o aumentar la responsabilidad de las plataformas en la liquidación de tributos. Los detalles solo podrán evaluarse cuando se conozca el articulado oficial.
Una alternativa discutida por el sector consiste en recaudar el IVA correspondiente desde el momento del pago digital, con sistemas de información que faciliten la comprobación del valor y el origen de las mercancías. También resulta fundamental identificar posibles prácticas de subfacturación o fraccionamiento artificial de paquetes, sin convertir en sospechosas las compras legítimas. Una fiscalización más eficaz puede reducir asimetrías, pero el diseño de la norma debe considerar los tratados comerciales, los costos de implementación y su efecto sobre los precios que pagan las familias colombianas.
Los centros comerciales también tienen razones para seguir este debate. Moda, calzado, accesorios y artículos para el hogar son componentes relevantes de su mezcla comercial. Si parte del gasto migra hacia vendedores internacionales, algunas tiendas podrían enfrentar menores ventas por metro cuadrado, presión sobre márgenes y dificultades para sostener los cánones de arrendamiento. Eso terminaría influyendo en la demanda de locales, las renovaciones contractuales y la composición de la oferta.
Incluso puede presentarse una paradoja: un centro comercial mantiene altos niveles de visitantes por restaurantes, entretenimiento y servicios, mientras determinados locales registran una facturación más débil. Por ello, Mall & Retail considera indispensable observar ventas comparables, productividad por metro cuadrado, ocupación, rotación de marcas y evolución de los costos inmobiliarios. También sería útil seguir la relación entre compras internacionales, fabricación local y empleo en ciudades con tradición confeccionista.
La respuesta empresarial tampoco puede depender exclusivamente del Gobierno. Arturo Calle, Koaj y las demás marcas nacionales enfrentan el reto de acelerar sus canales digitales, mejorar tiempos de entrega, optimizar inventarios y convertir sus establecimientos en espacios de servicio y experiencia. El comercio electrónico no es el enemigo: también permite a productores colombianos llegar a nuevos clientes.
La cuestión es evitar que la innovación conviva con diferencias de cumplimiento que distorsionen la competencia, mientras se exige a la industria avanzar en eficiencia y diferenciación.
Para Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, la próxima Ley de Ajuste Fiscal será una prueba de equilibrio económico. Nivelar la cancha no debería significar cerrar el mercado ni trasladar automáticamente más impuestos al consumidor, sino verificar que productos comparables cumplan obligaciones equivalentes, independientemente del canal de venta. Ese debate debe sustentarse en datos sobre recaudo, importaciones, empleo, precios y ventas, no únicamente en percepciones. La pregunta decisiva es cuánto valor genera cada modelo para Colombia y cómo proteger la inversión productiva sin renunciar a los beneficios del comercio global.
Fuente: Mall & Retail