Los centros comerciales constituidos en propiedad horizontal, por ley, deben reunirse en asambleas de propietarios a comienzos de año para evaluar la gestión de los administradores, aprobar los estados financieros y determinar los incrementos de las cuotas de administración entre otros.
Este año, dichas reuniones enfrentan una de sus decisiones más trascendentales: la aprobación del presupuesto anual. No se trata de un trámite administrativo ni de un simple ejercicio de contención de gastos; es, en esencia, un acto de gobierno corporativo que define la competitividad, la sostenibilidad y la valorización del activo en el mediano y largo plazo.
En el contexto actual, esta responsabilidad adquiere una dimensión aún mayor. El incremento sostenido y significativo del salario mínimo ha impactado de forma directa la estructura de costos de los centros comerciales, donde la nómina y los servicios asociados a la operación representan una proporción relevante del presupuesto anual. Pretender aprobar presupuestos desconectados de esta realidad económica no reduce los costos: simplemente traslada el riesgo a la calidad del servicio, a la seguridad, al mantenimiento y, en últimas, al valor del activo.
El falso dilema del ahorro
Con frecuencia, en las asambleas se plantea un dilema equivocado: reducir el presupuesto para aliviar la cuota de administración. Este enfoque, aunque comprensible desde una óptica de corto plazo, suele generar consecuencias estructurales. La reducción indiscriminada del gasto termina afectando los frentes más sensibles de la operación: personal, mantenimiento preventivo, mercadeo y posicionamiento.
Un centro comercial no compite únicamente por precio; compite por experiencia, confianza, seguridad, tráfico y reputación. Todos estos elementos dependen de una inversión coherente y constante.
La marca: un activo que se construye, no que se improvisa
La marca del centro comercial es uno de los activos más valiosos de la copropiedad. Es la que atrae visitantes, respalda a los comerciantes, sostiene los cánones de arrendamiento y protege la ocupación en ciclos económicos adversos. Sin embargo, la marca no se mantiene sola ni sobrevive al abandono presupuestal.
Invertir en mercadeo, comunicaciones, activaciones, fidelización y posicionamiento no es un lujo ni un gasto prescindible: es una inversión estratégica. Un centro comercial que deja de comunicar, de innovar y de relacionarse con su comunidad pierde relevancia, tráfico y, progresivamente, valor.
El segundo gran activo es el edificio mismo. Su conservación no puede depender de criterios reactivos ni de presupuestos ajustados al límite. El mantenimiento preventivo, la actualización de infraestructura, la seguridad física y tecnológica, y el cumplimiento normativo son factores que inciden directamente en la percepción del usuario, en la operación diaria y en la valorización patrimonial.
Postergar inversiones en el edificio suele ser más costoso que ejecutarlas oportunamente. El deterioro no se detiene por votación; simplemente se acelera cuando no se asignan los recursos adecuados.
Asambleístas: votar con visión, no con miedo
Ser asambleísta implica comprender que el presupuesto debe responder al mercado, a la inflación real de los costos y a las exigencias del entorno competitivo. Votar responsablemente no significa aprobar gastos innecesarios, sino garantizar que la copropiedad cuente con los recursos suficientes para operar bien, proteger sus activos y sostener su valor.
Un presupuesto subfinanciado no es sinónimo de eficiencia; muchas veces es la antesala del deterioro. La verdadera eficiencia está en asignar recursos con criterio técnico, visión estratégica y conciencia patrimonial.
En tiempos de cambios económicos profundos, los centros comerciales necesitan asambleístas informados, responsables y conscientes de que cada voto presupuestal es, en el fondo, una decisión sobre el futuro del activo que comparten.
Fuente: Miguel Ángel Pardo para Mall & Retail.
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