Colombia se acerca a un nuevo proceso electoral en un momento en el que la política ha vuelto a convertirse en una variable económica determinante. En un país presidencialista como el nuestro, el liderazgo del jefe de Estado no es un elemento simbólico: es un factor que condiciona el clima de inversión, la estabilidad institucional y el ánimo del consumidor.
Para sectores intensivos en capital como la industria de centros comerciales —que depende de contratos de largo plazo, inversión constante de locatarios y estabilidad en el consumo de los hogares— la percepción sobre la calidad del liderazgo político tiene efectos directos sobre decisiones empresariales, expansión de marcas y valorización de activos inmobiliarios.
Desde esta perspectiva, uno de los debates que ha marcado los últimos años en Colombia es la evaluación del perfil de liderazgo del presidente actual. En el ejercicio de gobierno, el liderazgo presidencial no se mide únicamente por la popularidad política o la capacidad de movilización electoral. La historia institucional del país ha mostrado que el primer mandatario debe cumplir un conjunto de atributos que trascienden la coyuntura partidista: talla de estadista, conocimiento profundo del país, respeto por las instituciones, capacidad para rodearse de equipos técnicos sólidos y manejo cuidadoso de las relaciones internacionales. Cuando estos elementos se debilitan, el impacto no solo se siente en la política; termina trasladándose al comportamiento de la economía.
En los últimos cuatro años, diversos sectores empresariales han manifestado preocupación frente a lo que perciben como una conducción política marcada por tensiones permanentes con las instituciones y con el sector productivo. La figura presidencial en Colombia históricamente ha cumplido un rol de articulador entre el Estado, el empresariado, los trabajadores y la comunidad internacional. Ese rol exige moderación, claridad estratégica y estabilidad en las señales. Cuando el liderazgo presidencial se percibe más confrontacional que integrador, el resultado suele ser una mayor polarización del debate público y un deterioro en el clima de confianza que requieren las decisiones de inversión.
La talla de estadista, por ejemplo, implica comprender la complejidad de un país diverso y evitar que la agenda gubernamental quede atrapada en disputas ideológicas que paralizan reformas estructurales. En economías emergentes como la colombiana, el liderazgo presidencial también tiene la responsabilidad de garantizar continuidad institucional, respeto por las reglas del juego y previsibilidad regulatoria. Sin estos elementos, el país empieza a enviar señales de incertidumbre que afectan el apetito de inversión nacional y extranjera.
Otro aspecto clave es el conocimiento profundo del país y de su estructura productiva. Gobernar Colombia exige entender la diversidad regional, el papel de sectores estratégicos como energía, comercio, manufactura y servicios, así como el rol que cumplen miles de empresarios y emprendedores en la generación de empleo formal. Cuando el discurso político transmite hostilidad hacia el empresariado o subestima su papel en la economía, se genera una fractura que termina afectando el crecimiento y el empleo. En el caso del comercio y del retail, esa relación es particularmente sensible porque es uno de los sectores que más puestos de trabajo formales genera en las ciudades.
El liderazgo presidencial también se refleja en la capacidad de rodearse de equipos técnicos sólidos y respetados por el mercado. Las decisiones económicas de un país no dependen únicamente del presidente; dependen del equipo que diseña y ejecuta las políticas públicas. Cuando existe estabilidad en los equipos, coherencia en las políticas y diálogo con los sectores productivos, la economía responde positivamente. Por el contrario, cuando predominan los cambios frecuentes de funcionarios, las señales contradictorias o los conflictos internos, el resultado suele ser una percepción de improvisación que termina impactando la confianza de los inversionistas.
Todo esto tiene una traducción concreta en sectores como el de centros comerciales. La industria de malls depende profundamente de la confianza económica. Cada apertura de tienda implica inversión en adecuaciones, inventarios, personal y mercadeo. Cada ampliación de un centro comercial requiere financiamiento, acuerdos con marcas ancla y proyecciones de tráfico y ventas a largo plazo. Si el clima político transmite incertidumbre o deterioro institucional, los inversionistas tienden a adoptar una posición defensiva: se aplazan proyectos, se renegocian contratos y se reduce el ritmo de expansión de marcas.
En ese contexto, el escenario electoral de 2026 adquiere una relevancia particular. Si el país percibe que el nuevo ciclo político representa continuidad en un estilo de liderazgo que ha generado tensiones con el sector productivo, es probable que el mercado responda con mayor prudencia. Esa prudencia se traduce en menor inversión privada, menor dinamismo del comercio y un entorno más desafiante para los centros comerciales, que dependen del consumo de los hogares y de la confianza empresarial.
En el plano económico crece la preocupación por el deterioro en la percepción del manejo fiscal. El aumento del gasto público y del endeudamiento ha ampliado el déficit y ha puesto presión sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado. La suspensión temporal de la regla fiscal mediante la cláusula de escape también envió una señal de alerta a los mercados, pues su flexibilización sugiere un debilitamiento de la disciplina fiscal y tiende a aumentar la percepción de riesgo país.
Al mismo tiempo, el crecimiento económico muestra señales de enfriamiento. El consumo de los hogares se ha sostenido en buena parte por factores externos como el aumento de remesas y la circulación de liquidez en economías informales, más que por un impulso estructural de inversión y productividad. Este patrón es frágil: cuando el consumo no está respaldado por inversión productiva, el crecimiento pierde dinamismo en el mediano plazo.
En el plano microeconómico, el comercio también ha sentido presión por decisiones regulatorias. Un ejemplo es el Decreto 2598, que estableció un arancel del 40 % ad valorem a las confecciones importadas, medida que buscaba proteger la industria local pero que ha tenido efectos colaterales en el mercado. Para muchos comerciantes el resultado ha sido aumento de costos, reducción de márgenes y mayores precios al consumidor, mientras que plataformas internacionales de comercio electrónico como Temu y Shein continúan ganando participación.
Da la impresión de que muchas de las políticas impulsadas por este gobierno terminan amplificando el desorden y la incertidumbre, una dinámica frecuente cuando la ideología se impone sobre la técnica y la gestión. La crisis en frentes como la salud, el orden público, la política de hidrocarburos y la infraestructura es una muestra de un país tensionado, con señales de deterioro institucional y pérdida de rumbo. En esa línea, prolongar cuatro años más este enfoque podría llevar a Colombia a un escenario de menor viabilidad económica y social, con efectos previsibles: salida de talento, migración, cierre de empresas y aumento del desempleo.
Resulta difícil aceptar que un país con tanta diversidad y capacidad humana —con una ciudadanía trabajadora, emprendedores persistentes y empresarios que han apostado por generar empleo e inversión— atraviese uno de sus momentos más complejos. Aun así, se destacan voces del sector productivo que han decidido asumir un rol activo en el debate público. Es el caso del empresario Mario Hernández, quien ha optado por dar un paso al frente y participar en estas elecciones, apartándose temporalmente de su empresa para contribuir desde el Congreso como contrapeso político.
Desde Mall & Retail, hacemos un llamado a empresarios, trabajadores, proveedores y el ecosistema de comercio a participar con responsabilidad, defender la institucionalidad y cuidar la democracia en las urnas el próximo domingo 8 de marzo.
Fuente: Mall & Retail.
