En las últimas semanas, la coyuntura nacional ha puesto en el centro del debate la relación entre el Gobierno y el sector privado. Lo que en cualquier democracia moderna debería ser un diálogo constructivo, se ha convertido en un ambiente de confrontación, cargado de acusaciones, señalamientos y medidas que ponen en aprietos a las principales compañías del país. Este escenario genera preocupación en los gremios económicos y en la opinión pública, pues se traduce en un riesgo directo para la inversión, el empleo y la confianza en Colombia.
El hecho más simbólico ocurrió durante el Congreso Empresarial de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), celebrado en Cartagena, cuando los altos funcionarios del Estado decidieron no asistir, rompiendo una tradición de diálogo institucional que siempre había estado en el corazón de este encuentro. A ello se sumaron las declaraciones del Presidente de la República contra Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sugiriendo que pudo haber estado relacionado con un supuesto intento de golpe de Estado. Un señalamiento que, más allá de lo político, representa una peligrosa deslegitimación de la voz empresarial en los espacios de construcción nacional.
El clima de hostilidad hacia los empresarios
La tensión no es nueva. En los últimos meses, tanto desde la Presidencia como desde distintas carteras ministeriales, se ha venido señalando a los empresarios como responsables de las desigualdades estructurales del país.
Esta postura desconoce que es la iniciativa privada la que genera riqueza, empleo formal, inversión y tributos, y que sobre esa base se construyen programas sociales, infraestructura y bienestar para millones de colombianos.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, lo ha dicho con claridad: el país atraviesa una etapa de inestabilidad marcada por la desaceleración de la economía, el fortalecimiento de grupos armados, la presión de nuevas reformas como la tributaria y la de salud, y un ambiente hostil hacia los comerciantes. Su invitación a “abrir los ojos” frente a las decisiones que amenazan la institucionalidad y el aparato productivo nacional ha encontrado eco en distintos sectores.
Investigaciones que generan preocupación
En este contexto, el Ministerio de Trabajo ha tomado decisiones que han sido interpretadas como parte de una persecución contra las principales cadenas del retail. Primero, con Tiendas D1, a las que abrió investigación pese a ser uno de los mayores generadores de empleo en el país, con cerca de 25.000 colaboradores con contrato a término indefinido y más de 1.100 aprendices del SENA vinculados. La compañía, caracterizada por sus precios competitivos y su modelo de negocio eficiente, ha optado por el silencio institucional para evitar que la polémica afecte la estabilidad de su operación.
Ahora, la lupa del Gobierno se ha centrado en Olímpica. Tras inspeccionar 56 de sus tiendas y cinco centros de distribución, la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial reportó presunta tercerización e intermediación laboral, además de supuestas deficiencias en salud y seguridad en el trabajo. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presentó estos hallazgos como “críticos”, señalando incumplimientos en la infraestructura y en las condiciones laborales.
Sin embargo, Olímpica respondió con un comunicado en el que desmintió las acusaciones y reiteró que el 100 % de sus colaboradores cuenta con contratos laborales formales, además de programas estructurados en seguridad y salud ocupacional. La compañía aseguró haber enviado desde julio de 2025 una comunicación formal al Ministerio manifestando su disposición al diálogo institucional y reafirmando su compromiso con la ley, el bienestar de sus empleados y la transparencia.
Prudencia empresarial y llamado a la solidaridad
Tanto D1 como Olímpica han mantenido prudencia frente a estas acusaciones, evitando caer en confrontaciones públicas que puedan afectar aún más la continuidad de sus operaciones. Este silencio responsable busca proteger a miles de empleados y garantizar la estabilidad de dos de las compañías más representativas del comercio colombiano.
Sin embargo, la situación exige algo más que prudencia individual. Desde Mall & Retail hacemos un llamado a la solidaridad del sector empresarial, de los gremios y de las fuerzas vivas del país. No se puede permitir que la persecución política o ideológica se traduzca en un desincentivo a la inversión y en un deterioro de la confianza del comercio organizado.
Fenalco, la Andi y las demás asociaciones empresariales deben fortalecer sus voces y articular un frente común en defensa de la empresa privada, que es, en esencia, la base de la estabilidad económica y social del país. Dejar sin respaldo a compañías como Olímpica o D1 sería un error histórico, pues se trata de empresas que representan no solo inversión y empleo, sino también cercanía con los hogares colombianos.
La defensa de la empresa privada como defensa de Colombia
Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail “el verdadero reto que enfrenta hoy el país no es ideológico, sino práctico: garantizar que la iniciativa privada siga siendo motor de desarrollo. Sin empresas no hay inversión, sin inversión no hay empleo, y sin empleo no hay bienestar ni posibilidad de construir un futuro sostenible. La persecución política, disfrazada de discursos de control, genera desconfianza y puede tener efectos irreversibles en la competitividad nacional”.
“Por eso, más que nunca, es momento de cerrar filas en defensa de los empresarios colombianos. La solidaridad con Olímpica y con D1 es, en el fondo, solidaridad con los millones de colombianos que dependen de la estabilidad del sector privado. Dejar avanzar un clima de hostilidad sin respuesta es poner en riesgo la capacidad del país de generar riqueza, progreso y oportunidades para todos”. Señalo Vargas Brand,
Fuente: Mall & Retail.
